El uso de la toga como signo de poder para hacer oposición política y no para impartir justicia.
Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente en el ojo del huracán por la persecución mediática y judicial en Argentina. La vicepresidenta fue condenada insólitamente a 6 años de prisión e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos tras declarársele culpable sin pruebas y sin nada de nada más que la grilla política que le traen ahí en el poder judicial. Últimamente en muchos países del mundo algunos enemigos de la democracia utilizan los medios de comunicación y la judicatura para desgastar a sus rivales políticos o para provocar golpes de Estado. El origen de esta situación insostenible e inaceptable se está normalizando lo que supone una anomalía democrática que se viene arrastrándose, y conviene siempre recordarlo, desde el punto de vista de la ilegalidad y de la ilegitimidad democrática en un estado de derecho.
Cuando se juzga a una persona sin pruebas al tiempo que se le condena supone la gravedad de un delito por parte del tribunal sentenciador. La jurisprudencia es muy clara cuando señala que la prevaricación supone un grave apartamiento del derecho, de manera que “…no consiste en la lesión de bienes jurídicos individuales de las partes del proceso, sino en la postergación por el autor de la validez del derecho o de su imperio y, por lo tanto, en la vulneración del Estado de Derecho, dado que se quebranta la función judicial de decidir aplicando únicamente el derecho. No entendemos como en un estado de derecho el poder judicial no juegue el papel que le corresponde como órgano independiente e imparcial del poder político, legislativo y ejecutivo de un país.
La vicepresidenta de Argentina la acusan de haber defraudado al estado argentino, por unos 1.000 millones de dólares a través de la adjudicación irregular de 51 obras viales con fondos públicos en la provincia sureña de Santa Cruz. El fallo del Tribunal Oral Federal 2 culmina un juicio reabierto, a pesar de que este mismo proceso con los mismos cargos fue previamente cerrado por falta de pruebas y peritaje falso, además se confirmó el vaticinio que en diciembre de 2019 hizo la propia expresidenta, la actual vicepresidenta que denunciara públicamente que la sentencia ya estaba escrita lo que significaba una crónica de una sentencia anunciada. Los jueces, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, todos ellos trasladados de manera irregular de un juzgado a otro como miembros del llamado partido judicial o como el resto de los intervinientes nombrados ilegalmente por el expresidente derechista, Mauricio Macri, actuaron como estaba previsto.
Cristina Fernández, quien fuera presidenta desde 2.007 a 2.015, advirtió recientemente que no estaba frente a un tribunal sino ante un pelotón de fusilamiento y que no esperaba una resolución diferente sino más bien cuanto podían ensañarse con eso y con ella. Y en un mensaje que divulgó en redes sociales tras conocer la sentencia, dijo que la verdadera condena no era la prisión sino la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, he ahí el detalle, inhabilitación política para que ya no vuelva a ocupar cargos, inhabilitación política para que ya no contienda y ya no le dispute a los derechistas argentinos (Macristas) el poder
Por qué tanto miedo, por qué tanto pavor a la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, de ahí lo interesante de la sentencia, la inhabilitación a perpetuidad, es decir, que ya no pueda ejercer cargo político alguno. Ya Cristina Fernández tiene 70 años de edad y ella había anunciado que no se postularía para ningún cargo de elección popular al concluir con esta gestión, sin embargo a ciencia cierta no hay en este momento un político ni una mujer en la política de Argentina más fuerte y más popular que Cristina Fernández. También es cierto que la derecha la odia pero entre la izquierda la aman y le duela a quien le duela y le pese a quien le pese su estilo puede gustar o no, pero en este momento es la única que le puede hacer frente a la derecha en su país. En donde por cierto están en manteles largos hasta los seguidores del Peluca Milei, el político de extrema derecha argentino aliado del ultra derechista español Santiago Abascal.
En cita textual Cristina Fernández dice lo siguiente con rotundidad y firmeza: el poder económico y mediático controla en una suerte de estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la diligencia política argentina, no los que piensan como ellos los de la coalición juntos por el cambio. Hablo de nosotros del peronismo de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos. En este contexto en su mensaje pronunciado desde su oficina del senado demolió uno por uno los argumentos del tribunal, que además no pudo mantener la acusación de que ella era la jefa de una asociación ilícita, como lo empezaron a divulgar en los medios de comunicación.
La vicepresidenta de Argentina denuncia la existencia de un estado paralelo y de una mafia judicial y añade que el periodismo es fundamental en el lawfare. Este concepto dicho por la vicepresidenta tiene que ver mucho más con la judicialización de la política, es decir, son dos sentidos como se entiende en este campo: la judicialización de la política lo que significa que en los tribunales corten, quiten o coarten y por otro lado también la politización del poder judicial que no se preocupan por impartir justicia los encargados de hacerla. Con rigor, objetividad e imparcialidad sino que al contrario se valen de su poder para comportarse como una oposición política más que como un contraponer que es donde está el verdadero lío del asunto. Cristina Fernández de Kirchner escuchó la sentencia a través de videoconferencia desde su despacho en el Senado, que preside por ser vicepresidenta.