Supuestamente todo indica que la Fiscalía del Perú está implicada en el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo

La detención al presidente peruano es ilegal, arbitraria e ilegítima contraria a derecho. La población peruana pide a gritos el cierre del Congreso.

Haremos una pequeña introducción con respecto al golpe de estado contra el presidente Pedro Castillo de Perú, porque no puede ser posible que la Fiscalía del Estado del Perú participe directamente en esta cacería antijurídica en contra de la democracia y no cumpla su
misión fundamental en el Estado social de Derecho, promoviendo la acción de la justicia en defensa del interés social y de los derechos de los ciudadanos.

Lo que no puede ser de recibo es que no defendiera la legalidad en los distintos órdenes jurisdiccionales y no contribuyera desde su condición de ministerio público a la protección de intereses difusos y no facilitará el espacio jurídico a la tutela judicial efectiva de un ciudadano especialmente vulnerable como lo es Pedro Castillo. En defensa de los derechos fundamentales o al menos el respeto a los derechos y garantías judiciales que tienen que ver con esa detención arbitraria e ilegítima y totalmente contraria a derecho.

Como todos sabemos el ministerio Fiscal está legitimado para interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
y es parte necesaria en el amparo judicial en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos de un pais, pero en este caso el criterio político-judicial de la Fiscalía peruana ha supuesto cambios relevantes que afectado notablemente la democracia peruana y ha agravado considerablemente la crisis en el país.

La intencionalidad de la señora Fiscal en la manipulación agravada para organizar apresuradamente el Ministerio Fiscal para dar una respuesta más política que judicial, desmerece su capacidad de imparcialidad y eficacia a los conflictos que en los distintos ámbitos de actuación se plantean.

En su versión literal, esta gravedad significa ausencia de legalidad. Ante la existencia de una violación de los derechos humanos, el sistema judicial penal diseñado para llevar a juicio y castigar a los responsables se encuentra ausente o no entra en funcionamiento. Cuando esto ocurre la noción misma de justicia, sustento esencial de la convivencia democrática, se ve profundamente distorsionada. Los responsables de tales violaciones, al constatar que pueden violar la ley impunemente, encuentran aliento para seguir cometiendo esos crímenes. Esto socava la doctrina del Estado de Derecho del Perú.

Por qué decimos que es una detención completamente ilegal no ajustada a derecho y antijurídica ante una acusación no probada ni fundamentada: En primer lugar existe impunidad cuando las víctimas y la sociedad no alcanzan a conocer la verdad sobre la extensión y las razones de los abusos que han sufrido. Y todo el mundo ha visto que el Congreso ha fundamentado un hecho que no ha ocurrido y que ni por asomo se ha hecho efectivo. El cierre del Congreso ha sido verbal por no decir inexistente. Son los Congresistas los que verdaderamente han cerrado el palacio del Ejecutivo. Lo que significa un golpe de Estado con todos sus matrices anticonstitucionales.

A diferencia de lo que acontece en las últimas horas en el país, la gran mayoría del pueblo peruano se levanta pidiendo a gritos el cierre del Congreso. La inteligencia de un pueblo es incontestable porque conocen a los corruptos, su incapacidad y su impunidad. También sabe que el poder judicial como el poder legislativo están podridos desde hace años y las violaciones de los derechos humanos se presupone están a la orden del día. La no presencia de funcionarios del Estado en los momentos difíciles como ahora, implica la ausencia de un sistema político corrupto muy alejado de su pueblo o de personas que actúan por su instigación o con su consentimiento para frenar el avance de un país.

Es entonces mucho más difícil que los medios de comunicación de las élites capitalistas reconozcan y difundan los hechos y que éstos sean registrados para la historia de la sociedad. Sobre todo al final de períodos donde se han perpetrado violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos el conocimiento de la verdad resulta fundamental para que la comunidad y los individuos cuyos derechos han sido vulnerados, puedan restañar las heridas y prevenir situaciones similares a las sufridas en épocas de confrontación y tragedia.

La gran mayoría de la comunidad internacional sobre todo de América Latina, rechazan rotundamente el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo y al mismo tiempo no reconocen a la golpista señora, Dina Boluarte, la recién nombrada presidenta interina del Perú por el Congreso golpista del país. Como es lógico el procedimiento sin pruebas no favorece los instrumentos legales que reconoce en buena medida a la señora Boluarte como presidenta del país, porque se han vulnerado un abanico de derechos civiles, políticos y sociales, que conforman lo que hoy damos en llamar «derechos humanos y derechos políticos» y cuyo disfrute corresponde a todos, incluido el presidente derrocado Pedro Castillo sin discriminación alguna.

Los organismos internacionales deben de actuar de inmediato ante esta situación golpista en el Perú, para que la protección de los derechos humanos sean garantizados tanto a la población que se manifiesta en las calles del país como al presidente detenido. Esto significa no sólo más que el mero reconocimiento de la existencia de esos derechos sino el fortalecimiento de los mismos. Es necesario requerir también o encontrar las fórmulas para el tratamiento debido a quienes al amparo del poder del Estado, violan los derechos fundamentales.

Ésto Implica también dar protección y satisfacción a las necesidades de las víctimas de los atropellos y las de sus familiares, incluyendo, al presidente detenido y a los suyos. El conocimiento de la verdad sobre las razones por las que se cometieron las violaciones es importante denunciarlas ante los tribunales internacionales, para prevenir la ocurrencia de nuevas violaciones sistemáticas e institucionalizadas en ese país suramericano.

Exigirles a las instituciones peruanas que tomen todas las medidas necesarias para que las mismas resulten impracticables. Estos objetivos marcarán la tarea para la buena marcha del respeto a la vida y la libertad de quienes se manifiestan y un buen inicio de labor para proteger y promover los derechos humanos, para que las violaciones de tales derechos no queden sumidos en la impunidad.

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