Un currículum intachable es la controversia para renovar un órgano que lleva casi cuatro años caducado.
La jueza de Podemos, como la denominaron muchos medios de comunicación algo que consideramos ridículo, necio y estúpido. Es la polémica o la pesadilla del PP y Psoe para la renovación del CGDJ en España. Estos dos partidos políticos (PP-Psoe) pisotean descaradamente la democracia española, poniendo sin motivo legal un veto a un derecho democrático de un partido político. Es lógico y evidente que todos los partidos tienen derecho a proponer candidato según sus cuotas burocráticas políticas que les corresponde, porque simple y llanamente así lo manda la democracia en un país democrático, por lo visto parece que a estos dos partidos políticos se les olvida que el poder judicial de España, es uno de los tres grandes poderes del Estado español representado por el conjunto de tribunales y juzgados, integrados por jueces y magistrados, que tienen la potestad de administrar justicia.
Unidos Podemos como partido político tiene la obligación de formar parte de la negociación y proponer un candidato idóneo, competente e imparcial y responsable para que forme parte de este importante órgano judicial en España. Como todos sabemos el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos. Lo que significa competencia para designar o nombrar jueces a disposición de la justicia como indicamos a continuación: Veinte miembros, llamados vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia y prestigio. Un presidente, que será a su vez Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, designado por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva. Es elegido entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia y así sucesivamente según la ley orgánica de Poder Judicial.
María Victoria Rosell Aguilar, es una excelente magistrada, una persona sumamente competente, seria, responsable e imparcial, y una extraordinaria profesional en la carrera judicial. Nacida en Murcia, el 22 de agosto de 1968, joven magistrada para desempeñar su cargo en este importante órgano, política española, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y con un currículum intachable. Esta magistrada fue sometida a una guerra sucia por parte del exmagistrado expulsado de la carrera, que ingresó el martes 18 de octubre de 2022, en prisión para cumplir seis años y medio de cárcel por prevaricador. Este señor condenado urdió una trama para hundir a la candidata de Unidas Podemos con falsedades y manipulaciones. Todo esto fue por agradar al exministro Soria integrante del partido popular de España. El exmagistrado de la Audiencia de Las Palmas tiene que cumplir una condena por delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental confirmada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2021, en una sentencia que declaró probado que manipuló una instrucción penal para perjudicar a la juez Victoria Rosell cuando esta era diputada de Unidas Podemos en el Congreso.
Unidas Podemos debe estar e insistir en esa negociación por respeto a sus votantes, porque se necesita urgentemente la necesidad de cambiar la justicia de este país. No estar en ese acuerdo para renovar el poder judicial es una irresponsabilidad de quienes lo impiden como también de quienes lo aceptan. No incluir a la actual delegada del Gobierno como magistrada en el Consejo General del Poder Judicial es un gravísimo error si se quiere cambiar la justicia en España.
El veto tácito del PP a la juez Victoria Rosell, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se patentiza como el principal obstáculo para un acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces que lleva casi cuatro años con el mandato caducado y cuya negociación se aceleró la semana pasada tras la dimisión de su ya ex presidente Carlos Lesmes.
Unidas Podemos no amenaza está insistiendo en que se materialice un acuerdo que consideran necesario e importante para renovar el CGPJ. Si no se incluye como vocal a la juez y delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, es un gran fracaso político de los partidos, sobre todo, del Psoe y Unidas Podemos.
El partido morado no esta dispuesto a seguir con lo mismo de siempre que el PP y Psoe se repartan el CGDJ en este país. Esta exigencia al PSOE es entendible y muy coherente, al entender que son socios de gobierno lo que supone mucha más afinidad a la hora de llegar acuerdos concretos. De no cumplirse seria una gran frustración para millones de personas que tienen la esperanza de ver un giro de cambio en la justicia española, sino sellan ese pacto necesario e importante para España esta coalición seria una pantomima pintoresca en la oscuridad, por eso, esas advertencias, si es que las hay, no necesariamente pueda complicar extremadamente la negociación entre los dos grandes partidos, puesto que PP y PSOE habían establecido criterios de idoneidad entre los vocales del órgano judicial, evitando así que se nombre a Victoria Rosell por considerar que es un perfil politizado, ligada directamente a la formación morada, pero si a esa regla de tres nos ajustamos podemos echar un vistazo a la politización descarada, constante de PP y Psoe a este órgano de los jueces en este país desde hace muchísimos años. Este socio de gobierno en España, me refiero al Psoe, ha salido complicado por su vinculación más hacia la derecha que la izquierda, algo que considero extremadamente contradictorio.