Han pasado casi tres años del proceso a los políticos catalanes en España. La justicia española falló en contra de los independentistas catalanes el 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo de este país dictó sentencia contra doce líderes independentistas catalanes e impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve de los 12 líderes independentistas, que fueron procesados por el fracasado según la justicia, intento de secesión de 2017, Junqueras ha cumplido 3 años y casi 8 meses de los 13 años a los que fue condenado por sedición, por lo que tenían sin cumplir aproximadamente 5 años y 4 meses.
Los que menos porcentaje de condena han cumplido después de Junqueras son los exconsellers que fueron condenados también junto al vicepresidente de la Generalitat: Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. El Supremo les condenó a una pena de 12 años, de la que han cumplido aproximadamente 3 años y tres meses un 27,8 %. Esta situación le dio la vuelta al mundo y todos los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales hicieron eco de esta noticia, dada la gran polemica jurídica desde sectores críticos políticos hasta expertos juristas constitucionalistas y penalistas de renombre internacional.
Según muchísimos juristas expertos en esta materia, calificaron esta condena como desproporcionada y no ajustada a derecho, por falta de rigor jurídico, poca ética procesal y más por estar centrada en una actitud política vengativa contra el independentismo catalan, según ellos, no había pruebas suficientes ni mucho menos argumentos jurídicos para condenar a estos políticos. La justicia no es perfecta. El sistema judicial falla y más aún cuando el CGPJ cumple tres años caducado pese al acuerdo de PSOE y PP para renovar otros órganos como el TC, aún así algunos expertos afirman de manera contundente que el poder judicial español tiene secuestrada la democracia Española.
Desgraciadamente no es posible que la cúpula de la justicia española dimita por vergüenza democrática, para poder obligar a los políticos a negociar urgentemente la renovación de este órgano judicial en España. Hoy la justicia española goza de muy poca credibilidad en España y en el mundo, gracias a las grandes polémicas judiciales, que hace que la sociedad española rechace con rotundidad la judicatura de este país, más aún con el varapalo al Gobierno y a la justicia por el informe de la ONU de los políticos presos, plagado de inexactitudes y de medias verdades. El informe cree «arbitraria» la privación de libertad de los líderes catalanes. El documento entiende que la prisión provisional de los tres imputados vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que proceda a su liberación.
Es la hora de renovar el Consejo General Del Poder Judicial(CGDJ) y poner en su sitio la parcialidad judicial y la independencia jurídica, la ética y el rigor procesal en la alta judicatura del estado español.