El Congreso del Perú ha maquinado con la extrema derecha para derrocar al presidente legítimo elegido por su pueblo.
Viendo la flagrante vulneración los Derechos Humanos y Políticos al presidente legítimo del Perú, Pedro Castillo, vemos la necesidad con obligado cumplimiento el reconocimiento de los derechos civiles y políticos como forma de asegurar que las discrepancias ideológicas y políticas no acaben en más violencia. El ministerio público peruano con artimañas antijurídicas y sus prácticas antidemocráticas, socava una persecución política al presidente derrocado por un golpe de Estado originado por un Congreso totalitario y dictatorial. Ésto ha saltado todas las alarmas a nivel internacional, aún más cuando han incumplido con esa defectuosa constitución peruana y con el reglamento del Congreso.
Esta situación aberrante e inconstitucional ha generando conflictos que llevan a nuevas marchas masivas en protesta contra el golpismo y la exigencia de cerrar el Congreso que cada dia va en aumento y que no pudieran estas protestas masivas pacíficas, calmarse o resolverse en un corto plazo, aún más cuando los golpistas usurpadores del poder ejecutivo hacen oídos sordos o le dan la espalda a su pueblo, por eso, desde el respeto a la integridad física y la libertad de las personas todos los organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos piden soluciones inmediatas por parte de los actores implicados en este conflicto.
Nuevamente con exagerada rapidez y con reiterada controversia de millones de personas que defienden opiniones contrarias, la Fiscalía de Perú solicitó este martes al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que dicte 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de ese país suramericano, Pedro Castillo, y el exjefe del Gabinete, Aníbal Torres. «Por pedir que no falte» tal es la venganza y la persecución política-judicial que no se avergüenzan de sus grandes errores jurídicos que ponen entredicho la formación académica de la corrupta Fiscal peruana. Ya es hora de poner una denuncia internacional al poder judicial de ese país porque esgrime y vulnera constantemente los derechos humanos y políticos relacionados con la libertad del mandatario peruano, separado de sus funciones por el Legislativo tras dar un golpe de Estado. Es muy importante saber qué la abogada María Hurtado Ambrosio, en representación del expresidente peruano Pedro Castillo, demandó este sábado al Estado de Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigió la inmediata reposición a sus funciones del depuesto presidente.
Es muy importante que la ciudadanía conozca al menos por encima como debe funcionar el Congreso de acuerdo a su reglamento, que en definitiva no se ha cumplido y que ni siquiera lo han mirado o comprobado en compatibilidad con la Carta Magna peruana. Igualmente, en función del Control Político también tienen que tomar en cuenta el trabajo de investigar y luego debatir y este Congreso golpista no investigó sino que derrocó. En su artículo 5. La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Según este artículo debe ser compatible con la constitución que por lo visto se la han saltado.
Es de recibo aclarar que la vacancia presidencial a cargo del Parlamento es una decisión que en cierta forma se contrapone a la voluntad mayoritaria expresada por los ciudadanos y ciudadanas en las urnas a favor del presidente derrocado, por eso, sin ninguna duda es un verdadero golpe de Estado al Ejecutivo peruano, pero cuando las causales son diferentes como de muerte, renuncia, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o impedir las elecciones presidenciales, son pues, causales objetivas, que deben probarse; sin embargo, permitirle la vacancia por incapacidad moral es permitirle un poder demasiado discrecional, porque es totalmente arbitrario ya que es muy difícil de encontrar consenso en cuanto a las razones objetivas que configuren esta causal. Entonces, es necesario establecer un límite en el uso de la causal de vacancia por incapacidad moral, ya que un uso indebido como el que han hecho puede poner en peligro la democracia como lo estamos viendo ahora mismo, la gobernabilidad y la institucionalidad de la presidencia de la República; puede ser utilizada incluso en base a intereses partidarios, ideológicos o respondiendo a intereses extranjeros, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en el Perú.
Si estos políticos golpistas quieren revertir esta situación social en el país, que se les está saliendo de las manos deben renunciar inmediatamente y convocar elecciones con urgencia. Mientras los Congresistas peruanos cuestionan la fecha del adelanto de elecciones propuesta por la golpista usurpadora, Dina Boluarte, su gobierno sigue ganando rechazos. Esta vez, el gobernador electo de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, se mostró de acuerdo en su renuncia y en la necesidad de que el Congreso convoque a elecciones. “Yo soy de la idea de que la actual presidenta debe renunciar inmediatamente por una razón fundamental: este proceso de vacancia que le han hecho a Pedro Castillo ha sido aparentemente maquinado con las diferentes fuerzas políticas”, señaló.
Para el electo gobernador de Junín, “el gobierno de turno de Dina Boluarte no garantiza un gobierno autónomo en lo jurídico, en la gobernabilidad, entonces, ¿queremos seguir postergados en este país, con estas limitaciones, con esta ingobernabilidad? A nadie le conviene”, sostuvo.
Para Zósimo Cárdenas, el Congreso debería convocar a elecciones inmediatamente después de salida de la mandataria y así parar conflictos. Ésto significa que cada dia se une mucho más personalidades politicas y ciudadanos que ven claramente la maquinaria golpista que quieren aferrarse al poder sin ir a las urnas. Los fascistas quieren el poder cueste lo que cueste aunque pierdan las elecciones. Son partidos políticos que deben ser ilegalizados por no tener el más mínimo respecto a las reglas y normas democráticas de un Estado de Derecho.