La corrupción y los privilegios de los Diputados del Congreso peruano salpica su buffet. Mientras su pueblo masacrado y en la extrema pobreza paga su comida.
Hablar hoy de Perú no es tan complicado, pero si demasiado triste cuando nos referimos a su pueblo. Siempre ha habido bulos y rumores a lo largo de estos tres meses de represión policial, todos propagados desde el poder golpista y desde otras corporaciones de comunicación social, desde los grupos que ocasionaron el asalto al poder y también desde el mismo congreso dictatorial, para rellenar los espacios que quedaban vacíos en la información que llegaba desde arriba. Por otro lado, las conspiraciones existen. En casi todas las situaciones de responsabilidad jurídica estatal, algunos poderosos han tramado la forma de desencadenarlas intentando no dejar rastros que les pudieran delatar, pero la torpeza los ha llevado al caos institucional y al desastre jurídico constitucional.
No se han quedado contentos con dar un Golpe de Estado Cívico Militar-Judicial al presidente legítimo, Pedro Castillo Terrones, y masacrar al pueblo peruano, sino que también han tenido la poca vergüenza de aumentar sus privilegios y su corrupción institucional. Luego de conocerse el elevado gasto en la alimentación diaria de los miembros del Congreso de la República, las críticas de un grueso de la población no han parado. Con menos del 10 % de aprobación en las encuestas, analistas políticos aseguran que este tipo de hechos dañan más la ya “deteriorada” imagen del Poder Legislativo. Hace apenas unos días sepultaron la posibilidad de adelantar las elecciones para este 2023 y, por eso, también ya venían teniendo serios cuestionamientos.
Que sepamos nosotros, según una investigación exhaustivamente bien trabajada y elaborada minuciosamente en este asunto en concreto. Los trabajadores de la empresa privada o funcionarios públicos del Estado peruano en su gran mayoría, cobran sus salarios correspondientes y pagan la alimentación que se comen. A estos congresistas el poder los ha hecho cínicos; vuestra poca inteligencia los hace impúdicos, duros y faltos de sentimientos.” Esta es una nación que gasta más dinero en corrupción y en privilegios a los poderosos que en programas sociales para su población.
El cinismo y descaro de estos políticos golpistas peruanos ha generado aún más un sentimiento de desconfianza en toda la población peruana. En tal sentido, el derrocamiento de su presidente legítimo, Pedro Castillo Terrones, por este Congreso golpista y corrupto sube a un 90% el descontento y el malestar de todos los peruanos. Todo ésto va de mal en peor para la nación andina, lo que todo apunta de que algo no va a ir bien para todos los golpistas.
Es posible asociar ambas situaciones en un mismo contexto según han manifestado millones de peruanos. Las desigualdades sociales en ese país suramericano es impresionante. El sistema sanitario de Perú es uno de los menos financiados de América Latina y el personal sanitario se ve gravemente privado de condiciones de trabajo justas y humanas. Muchas personas dijeron a varios medios de comunicación internacional y a organismos de Derechos Humanos que la abrumadora pobreza, la falta de servicios y la desigualdad que sufren fueron parte de las razones por las que decidieron expresarse en las calles.
La discriminación es la razón por la cual el 15% de la población mundial que vive en la pobreza extrema está formado por personas indígenas. En todo el mundo, estos pueblos sufren también índices más altos de carencia de tierras, desnutrición y desplazamiento interno que otros grupos, que en muchas naciones como el Perú se profundiza mucho más, por el clasismo y el racismo de la clase política fujimorista, fascista y golpista.
Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados, sin importarles si son manifestantes o no o si son niños, jóvenes o mayores.
Desde el pasado 7 de diciembre de 2.022, que se iniciaron las protestas por el Golpe de Estado Cívico Militar-Judicial a Pedro Castillo hasta febrero 28 de 2.022, van más de 70 muertos, 1.500 heridos, centenares de detenidos ilegal y arbitrariamente y muchísimos desaparecidos. De todas ellas, la de mayor calado popular en los últimos días parece ser esta última, la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con tanques de guerra que llamó la atención internacional. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes e indígenas, fueron reducidos en grupos, tumbados boca abajo en el suelo con las manos en la cabeza o de rodillas. Permanecían en el campus universitario desde el miércoles, víspera de la marcha que al día siguiente se convirtió en una batalla campal en las cercanías del Congreso. Más de 200 personas completamente inocentes fueron detenidas. Asimismo, se reafirma rotundamente que, a pesar de las pruebas evidentes de las masacres, este gobierno golpista espurio es una dictadura militar fascista.
Todos ya sabemos que la orquesta de los medios de comunicación peruanos son fascistas fujimoristas, que colaboran directamente sin vergüenza con los golpistas. Se saltan sin pudor la deontología profesional periodística, que es un orden normativo que afecta a la actividad periodística. En tal sentido, formado por un conjunto de normas o principios generales que, en determinadas circunstancias, se sienten como obligatorias y no las cumplen. Asimismo, también desarrollan esta función reguladora, entre otros, el derecho y la moral, la veracidad, la responsabilidad y la imparcialidad, que sabemos no tienen. La falta de responsabilidad, seriedad y moralidad traspasa todos los límites. No tienen absolutamente nada de periodistas son terroristas de la desinformación, que atentan constantemente contra la democracia peruana.
Estos medios de comunicación buscan la creencia de los ingenuos que ya saben de que fuerzas poderosas y malintencionadas mueven secretamente los hilos para manipular determinados sucesos o situaciones. Lo que ha producido un distanciamiento social, porque ven claramente las pruebas de la conspiración y la manipulación contra el presidente, Pedro Castillo Terrones, que resultan cada vez más evidente.
Afortunadamente los periodistas internacionales que se encuentran en esa región andina transmiten diariamente lo que pasa realmente en el país. A pesar del peligro siguen arriesgando su integridad y hasta su propia vida para informar desde las calles peruanas. A pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas, la información recopilada apunta a que en múltiples casos la Policía y el Ejército recurrieron a ésta como uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones, incluidos periodistas independientes, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas. Igualmente, las autoridades, desde el más alto nivel, han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan, afirmando sin pruebas que existen vínculos con el “terrorismo” y con grupos criminales, con la intención de deslegitimar sus demandas y justificar las violaciones de sus derechos humanos.
Asimismo, nuestros compañeros dan a conocer que las autoridades han atacado de manera continua a la prensa independiente e internacional. Los reporteros han documentado varios casos de afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión que han hecho llegar a Amnistía Internacional.
Siempre que habla el gobierno de facto del Perú en su discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. Así, se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido,” dijeron muchísimas personas familiares de víctimas asesinados.
La población peruana se enrabia y el movimiento indígena nacional continúa con más fuerza la movilización hacia la capital peruana en el marco de las protestas para pedir la renuncia de la presidenta de facto, Dina Boluarte, en una marcha que los organizadores han llamado la «Segunda toma de Lima».
Estas movilizaciones dan continuidad a las protestas masivas que se iniciaron en diciembre y continuaron en enero para exigir la dimisión de la golpista Boluarte, pero han sido reprimidas en distintos puntos del país con un saldo de hasta 70 muertos, de acuerdo con diferentes fuentes.