Desde que se ha decretado el Estado de emergencia van más de 15 muertes, 89 heridos y más de 148 detenidos arbitraria e ilegalmente.
La crisis peruana se agudiza desde que el pasado 7 de diciembre de 2.022, el Congreso dictatorial del Perú diera un golpe de Estado al presidente legítimo, Pedro Castillo, que fue elegido democráticamente por su pueblo en unas elecciones libres y democráticas en ese país andino. Ya han pasado 8 días desde su detención y el caos se apodera del país. La fuerza pública arremete con fuerza reprimiendo a su pueblo y disparando sin compasión. Estamos presenciando una respuesta draconiana al mero ejercicio del derecho a la libertad de manifestación y de reunión de los ciudadanos peruanos, precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una rueda de prensa celebrada hoy en el Perú han manifestado que no permitirán ni un muerto más. Que le harán llegar al Estado y al poder legislativo peruano su postura con respecto a la matanza que se está cometiendo contra los manifestantes.
«Desde que empezaron las protestas siempre hemos apoyado el derecho a la protesta ciudadana en el marco de los Derechos Humanos y los estándares donde el estado está obligado a respetar, sin olvidar que el estado es el garante de nuestros derechos que tiene que posibilitar estas protestas. Y si aún en los casos la protesta no sea siempre pacífica le corresponde al estado usar los métodos, las personas y el personal debidamente formado, pertrechos adecuados, para que está protesta no devenga en lo que ha devenido en estos días y no terminemos en una militarización de la protesta con los costos que estamos afrontando. Hemos tenido los registros que todavía no son del todo oficiales van variando, pero hemos perdido 7 vidas humanas en los primeros cinco días de protestas y en un solo día en la militarización de la protesta que ha sido el día de ayer en Ayacucho hemos duplicado el número de muertos y heridos. Eso nos pone una vez más frente a la evidencia que la militarización por el hecho de colocar a las fuerzas armadas y sacarlas a las calles para controlar el orden interno no es su función, no es la respuesta adecuada del estado. No es la represión o el discurso del orden y el discurso del terráqueo o el discurso de que estamos en guerra contra los que están protestando lo que hará encontrar, no cierto, una salida a estas distintas crisis políticas». Afirmó una de las abogadas del CIDH
«Entonces, mientras estamos marchando un Ejecutivo que no se entera de la violencia que se está ejerciendo y un parlamento de espaldas a la ciudadanía, que se resiste a escuchar el clamor nacional de elecciones generales ya y que se vayan todos. Discuten que si el 24, que si el 26, que si se tiene que ir el jurado nacional de elecciones, de que tú también te vas conmigo, etc, etc. Y así nosotros estamos registrando un conjunto de vulneraciones a los Derechos Humanos y estamos todavía documentando otros casos que estamos seguros que no van a quedar impune, como lo hemos demostrado durante todos estos años por justicia, por verdad y por memoria». Agregó
«De lo que tenemos registrado hasta el momento 89 personas heridas, 147 personas detenidas arbitrariamente e ilegalmente por personal que no estaba debidamente identificado, cuando los nuestros abogados o grupo de abogados se acercan a las comisarías policiales no se les deja ingresar o no les permiten prestar la defensa de inmediato, sino que espera que la policía haga el control, el registro etc, etc, y solo después se le permite a la persona que está detenida que el abogado pueda acercarse y conversar con ella. Cuando el derecho de defensa se debe ejercer en el mismo momento en el que el policía le pone la mano encima a la persona, el abogado puede acercarse para garantizar esa defensa. Afirmó la abogada
Tampoco hay desde la Fiscalía de la Nación frente a estos datos que estamos mostrando de personas asesinadas, detenciones arbitrarias y vulneraciones de derechos. Sabemos que la Fiscalía no está investigando, es más, hemos visto normas y disposiciones desde la Fiscalía que pretenden abordar o trabajar los casos de protesta social o movilización como si fuera parte del crimen organizado, es decir, con una represión todavía mayor, entonces, consideramos que hay un conjunto de elementos y reacciones, desde el Ejecutivo, el Ministerio del Interior, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministro de Defensa, que nos están mostrando en realidad que nos están conduciendo hacia un totalitarismo. El espacio democrático se está cerrando y la posibilidad de la ciudadanía, el espacio cívico está todavía más cerrado en estos días y puesto en cuestión» Añadieron.
Los miembros de los Derechos Humanos(CIDH) han llamado las cosas por su nombre según los datos registrados por los asesinatos y la represión criminal que está cometiendo este gobierno golpista. El CIDH considera que este gobierno golpista es totalitario y antidemocrático y que la Fiscalía criminaliza las protestas y que el parlamento peruano es el directo responsable porque está de espaldas al pueblo. La CIDH fue creada por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Su primer directivo fue el escritor venezolano Rómulo Gallegos en el período 1960-1963. Actualmente, la mexicana Tania Reneaum Panszi es la Secretaria Ejecutiva. Junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos.
El caos político que existe en parlamento golpista peruano recae en aquellos que quieren un estado totalitario y dictatorial aupado por su corrupción y apoyado por una Fiscalía corrupta totalitaria y antidemocrática y por un poder judicial politizado en apoyo de los corruptos y hundida en el prevaricato judicial.
La inteligencia del pueblo que protesta en las distintas zonas manifestándose en contra del Gobierno de facto institucionaliza con solidez al presidente legítimo, Pedro Castillo, porque el gobierno golpista, si bien en la práctica ejerce como tal, no está reconocido oficialmente por alguna norma jurídica que lo considere legítimo, porque esa legitimidad se la da el pueblo peruano no ningún país extranjero. Declarar el estado de emergencia nacional es utilizar la fuerza pública para masacrar a su pueblo, aunque descarten el toque de queda da igual lo importante reprimir a sus hermanos peruanos para someterlos como hacen los dictadores.
Los simpatizantes del presidente legítimo Pedro Castillo marchan en Arequipa y en todo el país, rodeados por un fuerte contingente policial. Este Gobierno de facto de la usurpadora Dina Boluarte decretó la medida este 14 de diciembre dada la multitudinarias protestas en todo el país. Los choques entre las autoridades y los manifestantes han dejado más de 15 personas asesinadas, casi un centenar de heridos y 148 personas arbitrariamente e ilegalmente detenidas. El gobierno de facto confirmó la declaratoria del estado de emergencia en todo el territorio nacional por 30 días en medio de las protestas tras el golpe de Estado al presidente legítimo Pedro Castillo, depuesto por el Congreso luego de que el mandatario leyera un documento que le pedía su pueblo que hoy reclaman con fuerza.