La mayoría del Congreso dictatorial y la usurpadora del ejecutivo son los directos responsables de las matanzas en ese país andino.
Hoy ya no hay ninguna duda que en el Perú se ha dado un golpe de Estado al presidente legítimo constitucional y democráticamente elegido por su pueblo y que aún sigue perseguido política y judicialmente por jueces prevaricadores contrarios a la democracia y al Estado de Derecho. Todo apunta que estos jueces corruptos han cometido un delito de prevaricato. Un delito especial propio, por cuanto han tenido una condición especial de autoría, es decir, porque el sujeto activo es un juez y una fiscal, en cualquiera de sus niveles, son titulares en una causa provisional o transitoria de una ilegalidad contrario a derecho, porque por su parte no están cumpliendo con la legalidad que establece la ley o el bien jurídico tutelado que es la correcta administración de justicia, la cual representa un deber y obligación por parte de los magistrados, quienes deben sustentar sus resoluciones dentro del marco de la ley, fundando sus decisiones en los hechos probados por las partes y no en connotaciones políticas prestablecidas por intereses de terceros.
No es de recibo lo que considero inverosímil, que un Juez en una causa tan importante como es la ilegalidad de una detención arbitraria, aparte o descarte descaradamente artículos de la ley en su aplicación para perjudicar al detenido y que el proceso penal se vea afectado en su contexto jurídico a perjuicio de la defensa del acusado. Sin embargo, la figura del tipo penal no solo se refiere al juez o fiscal como sujeto activo, sino que también se extiende en una submodalidad a los abogados que sirven a la administración de justicia para una correcta administración de justicia para las partes a las que representan. El juez prevaricador busca casi siempre penalizar las conductas de los acusados por indicaciones externas interesadas y no por las pruebas que tenga en contra el acusado.
Cuando un Congreso traiciona los principios constitucionales y el reglamento del parlamento como el caso de Perú es considerado como un menosprecio a la democracia y al Estado de derecho de su país, tanto que, como cuerpo legislativo pierde la confianza y la credibilidad de todo su pueblo. Ésto quedará presente para la historia del Perú lo que significa una reseña histórica de la evolución del delito de prevaricato del poder judicial en ese país suramericano.
Lo que está pasando en estos momentos en el Perú es una acción de perduelio o alta traición, que se está dando para seguir manteniendo este golpe de Estado a un presidente legítimo que fue elegido democráticamente por su pueblo, por eso, hay que denunciar estas malas praxis de la fiscalía y el magistrado por estos actos de transgresión de un deber público en el ejercicio de su cargo. Este abuso de poder de la Fiscalía y los magistrados titulares del imperio dictatorial del Congreso peruano son denominados como prevaricadores con intencionalidad política prestablecida.
Las llamadas malas praxis judiciales hace referencia a la responsabilidad profesional por las actuaciones llevadas a cabo susceptibles de ser consideradas negligentes y políticamente intencionadas. En este sentido, la judicialización de la política es considerada judicialmente como una negligencia judicial o prevaricato, porque todos estos actos realizados ilegalmente se han llevado a cabo sin pruebas y de una manera negativa provocando una lesión muy grave al presidente legitimo de Perú, a la democracia y al pueblo peruano.
Sin embargo, esta acción política-judicial de perduelio son considerados como graves lesiones a la democracia por ser un gravísimo atentado al Estado de Derecho de ese país andino. También va con ello los magistrados que guardan silencio siendo gobernantes con poder supremo en el poder judicial. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional del Perú. Éstos últimos fuera del imperio o no de este Congreso dictatorial, que debería ser una clave democrática, para que el reparto de esta injusticia sea finiquitada por el bien de la democracia y del pueblo peruano.
Esta matanza y está dura represión contra el pueblo peruano lleno de cargas demoledoras de las armas policiales deben parar. El poder judicial no puede ser partícipe ni equitativo con la violencia que esta ocurriendo en el Perú. Debe participar y reforzar los lazos constructivos de justicia y equidad para fortalecer la democracia peruana. Es muy importante recordarles por otro lado, que mediante la acción de la justicia se puede parar está injusticia política y judicial que están cometiendo contra el presidente Pedro Castillo y contra su pueblo.