El Congreso del Perú ha derrocado sin pruebas ni fundamento al presidente legítimo Pedro Castillo.
Últimamente parece que se está prestando una particular atención a desviar la realidad para convertirse en una miobra para culpar a Pedro Castillo de lo que pasa en el Perú. Hemos tardado en palmar en este texto lo ocurrido allí en el país suramericano, para explicarlo al detalle pero sin antes haberlo investigado exhaustivamente. Esta noticia cualitativa goza de independencia, rigor, veracidad e imparcialidad. Esta triangulación informativa no sólo aclara y dice lo que muchos ocultan sino que explica ampliamente la verdad de lo que pasa en ese país suramericano.
Es imposible observar la realidad tal y como la quieren mostrar los medios mediáticos derechistas del Perú y de otras partes del mundo. Aunque guste más o guste menos, la verdad está muy alejada de esa manipulación y de esa falsedad a la que nos tienen acostumbrados la derecha. Esta mentira es una forma muy sutil de engañar al pueblo y de no aceptar que un hombre humilde, sencillo, maestro de escuela y del pueblo gobierne el país. Ésto es para la oligarquía peruana un desmadre producto del miedo, que ven peligrar sus intereses y sus privilegios, entonces viene el plan, que usan aprovechando el contexto formal en la cámara de representantes para derrocarlo, aunque se convierte en informal por ir acompañado de una acusación sin fundamento y sin pruebas de sedición y por supuesto puesto preso y conducido a las dependencias policiales donde no debería haber ido.
Estamos asistiendo a un linchamiento sin procedentes de un hombre honesto, honrado y del pueblo. Las traiciones y las deslealtades se unen a las actitudes sesgadas de los representantes del Congreso que unidos a los traidores en su mayoría son los golpistas fujimoristas peruanos. Por tanto, son los hechos los que configuran desde hace tiempo esta realidad en el Perú. Los golpistas del Perú y los medios de comunicación afines la derecha peruana han derrocado al presidente de ese país suramericano. Lo que significa un duro golpe a la democracia de espaldas a la población que lo eligió democráticamente hace 17 meses.
A primera hora del día 7 de diciembre de 2022, el presidente Pedro Castillo que llegó democráticamente electo a la silla presidencial cuando nadie se lo esperaba, sorpresivamente, antes de aproximarse al momento en que por tercera ocasión en el congreso de Perú lo iban a intentar vacar, es decir, destituir, entonces el presidente disolvió el Congreso con las facultades que le otorga la constitución peruana, que señala en el artículo 134, que cuando el Congreso termina por no refrendar la confianza de los ministros el presidente lo puede disolver, sin embargo el Congreso hizo caso omiso y terminó votando una moción de 101 congresistas de 130 y 6 en contra para literal, literal tumbar al presidente Pedro Castillo.
No tenemos que ser unos lumbreras para darnos cuenta que el presidente Pedro Castillo intentaba legal y legítimamente regresar la estabilidad política en el país ante este impasse del tercer intento de la derecha por destituirlo, que al final terminó apresurando el proceso para su destitución y que ahora parece que dormirá en la cárcel.
El parlamento peruano culpó al expresidente por sedición y conspiración delitos que tendrán que demostrar para sostener la legitimidad de esta crisis institucional. De momento no hay ninguna prueba que pueda mantener esta afirmación, al contrario, cada vez y con más fuerza pierde credibilidad las acusaciones contra exmandatario peruano. Lo que significa que la destitución de Pedro Castillo es en toda regla un golpe de Estado. Hacia allí se han desplazado expertos que demostrarán el montaje orquestado por la derecha y pediran de inmediato su liberación y su reparación institucional.
Una de las cosas que más llama la atención es la rapidez como se ha abordado este tema, porque según el acta judicial, durante la audiencia realizada este jueves por la defensa de Castillo vemos las acusaciones que lógicamente se rechazaron. Un rechazó firme y contundente ante la Justicia peruana que dice claramente y que expresa en relevancia que éste haya incurrido en rebelión y argumenta que este delito requiere que el sujeto se levante en armas, lo que está vinculado a la violencia, y que en su caso no hubo ninguna de las dos cosas. Y que no hay ninguna prueba que sostenga este delito. Perú ha enfrentado una sostenida crisis institucional que ha llevado al país a tener seis presidentes en menos de cinco años. Además, muchos de los mandatarios que han gobernado el país en los últimos 20 años han tenido problemas con la Justicia. Ésto no significa que Pedro Castillo lo tenga, porque no ha robado ni está acusado previamente con pruebas fehacientes por corrupción.
Ahora mismo no saben cómo seguir manteniendo esta situación, así lo demuestra el comunicado que se refieren a que el exmandatario habría violado el artículo 346 del Código Penal, que señala que: «El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años». Por esa razón, miembros de la Fiscalía realizaron operativos simultáneos en el palacio de gobierno, en la presidencia del Consejo de Ministros y otras oficinas gubernamentales con el fin de buscar pruebas para sustentar la acusación. Acusación muy difícil de demostrar ya el golpe de Estado que se cometió en ese país lo vio todo el mundo y precisamente no lo hizo Pedro Castillo sino los Congresistas peruanos.