El pueblo peruano necesita urgentemente que la comunidad internacional actúe en consecuencia para que no escape.
El gobierno cívico militar-judicial producto de un golpe de estado en Perú está actuando de una manera hipócrita y cínica. Lo que significa sin ninguna duda un especie de pacto cívico militar-judicial, donde lo cívico lo representa los fujimoristas congresistas que son políticos peruanos de derecha y de la extrema derecha, por otro lado los militares represores del pueblo y por último la Fiscalía corrupta prevaricadora, junto con la mayoría de los medios de comunicación del país andino.
Los integrantes de este complot no entienden, no saben y ni les importa los muertos ni la democracia del país. Estos politiqueros que no pueden ganar en las urnas arrebatan el poder a las malas encarnan la fuerza y la represión contra el pueblo como si pueden, y como si saben hacerlo, porque así lo han hecho.
Resulta que la dirección general del gobierno del interior del Perú ha destituido a más de 300 subprefectos en los distritos en 23 regiones del país, que habían sido designados por el presidente legítimo Pedro Castillo, como representantes del poder ejecutivo del Perú en esas localidades. Dirigidos por su jefe que injustamente aún sigue detenido en prisión preventiva, por el simple hecho de leer un escrito el pasado 7 de diciembre de 2022. Los subprefectos son autoridades administrativas nombradas por el gobierno central como jefe de los distritos administrativos distintos del que es capital del departamento, y que ejerce sus funciones bajo la autoridad del prefecto de este último. Esta denominación se daba antes de la ley sobre descentralización expedida el 2 de marzo de 1982.
Todo ésto significa que se están deshaciendo de la gente que el presidente depuesto había designado como representantes del gobierno en todo el país. Nombrados legítimamente por el Estado con sus facultades constitucionales ajustado a derecho. Por otro lado de una manera vergonzosa como nos podemos imaginar el gobierno golpista plantea que, José Daniel Williams Zapata, quien es un militar retirado y político peruano, actual presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo anual de sesiones 2022-2023, y que además ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 2006, sea el que se haga cargo de la presidencia del gobierno cuando la presidenta golpista tenga que salir del país. La propuesta ya ha sido presentada como proyecto de resolución legislativa y ya se convocó a una sesión parlamentaria para debatirlo y someterlo a votación.
Cabe señalar que se está cometiendo un verdadero asalto muy grave a la constitución peruana, porque le están preparando el camino a la señora golpista y asesina Dina Boluarte para que se fugue del país y dejar a alguien como presidente de la República por el que nadie ha votado. Estamos ante un gran escándalo porque se escapa a pasos agigantados la democracia en el Perú ante los ojos de todo el mundo. Entre la traición de Dina Boluarte que es la Lenin Moreno vestida de mujer, José Williams y los fujimoristas, hambrientos de poder se están ya repartiendo los diferentes cargos claves en la cúpula peruana. No les importa si la gente votó por ellos o no, tampoco los más de 27 muertos, heridos y encarcelados arbitrariamente, ellos en nombre de la democracia, y, que además es lo más cínico y escandaloso por el golpe de Estado que ellos han dado en el Perú y de la institucionalidad que no han respetado, aunque cause estupor y asco lo están haciendo.
La demanda ciudadana de un inmediato adelanto de elecciones para elegir nuevas autoridades parlamentarias y ejecutivas no han sido tampoco oídas. Todo está bien amarrado y amañado en la línea como marca un golpe de estado. El rechazo del clamor del pueblo significa la indolencia a los asesinatos en cubierta por la fuerza pública. Este Congreso peruano golpista y asesino, agrega más leña al fuego del descontento social. El artículo 115 de la Constitución Política sostiene que, «por el impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca inmediatamente a elecciones. No se podría quedar hasta el 2.024 y además se necesita de una reforma constitucional que no puede ser exprés porque sería inconstitucional.