Hasta la fecha, ningún funcionario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado peruano, ha sido acusado por las muertes que se han producido como consecuencia tras el Golpe de Estado contra, Pedro Castillo Terrones.
Cada dia nos sorprende más la hipocresía, la crueldad y la maldad del Congreso golpista y dictatorial del Perú, su gobierno de facto, el Poder Judicial y los medios de comunicación que lo están apadrinado, hace más evidente su torpeza institucional. Estos golpistas han sobrepasado enormemente la legalidad constitucional. Sin duda alguna siguen vulnerando los derechos humanos y políticos que establece el reglamento del Congreso y la pirámide constitucional de la nación, para dar paso a un innumerable conjunto de privilegios a los empresarios y políticos que tienen su país como si fuera de su propiedad. El Perú exhibe actualmente una caricatura de democracia, con una Presidenta de facto, Dina Boluarte, que apoyada por los Cuerpos y Fuerzas De Seguridad Del Estado y su servicio de inteligencia destruye a pasos agigantados el Estado de Derecho e impone en su lugar un régimen dictatorial que a través de una pequeña «camarilla» domina todos los poderes del Estado.
Hasta la fecha, ningún funcionario ha sido acusado por las muertes que se han producido como consecuencia del actuar de la policía y de los militares durante las protestas. Representantes del gobierno han pedido a la Fiscalía que investigue los abusos. Pero la impunidad generalizada de las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad peruanas atempera las esperanzas de una rendición de cuentas efectiva. Además, la presidenta golpista Boluarte y sus ministros han hecho hincapié en mensajes públicos que elogian a las fuerzas de seguridad y vilipendian a los manifestantes, felicitando a la policía por su “conducta inmaculada” mientras culpan a los manifestantes de provocar el “caos“. Tales mensajes socavan la confianza en que el gobierno está comprometido a garantizar la rendición de cuentas y prevenir nuevos abusos.
Por lo visto se oyen voces de políticos peruanos ignorantes, que hablan de una posible retirada del Perú de la «Corte Interamericana De Derechos Humanos» Ellos y todos nosotros sabemos que ésto es completamente inadmisible, porque los contratos y los convenios internacionales no se deshacen de la noche a la mañana, ni mucho menos exime de responsabilidades a ningún país que cometa violaciones de los derechos humanos, aunque formen parte o no de la CIADDHH, porque la justicia no se negocia ni mucho menos se impone.
Esta coacción o chantaje fascista de la extrema derecha peruana de imponer por la fuerza decisiones judiciales, a favor o en contra de una situación en concreto trae duras consecuencias o es completamente contraproducente. Lo que demuestra sobrecogedoras a un Estado autoritario, que aún no se ha ajustado al nuevo equilibrio entre supervisión internacional creciente y soberanía estatal decreciente en asuntos de derechos humanos. Pero las iniciativas de la Corte poniéndole freno a la actuación policial y militar sobre civiles, e insistiendo en que las naciones que se comprometen expresamente a conformar sus leyes a las normas internacionales sobre derechos humanos, cumplan sus compromisos, deben ser bien recibidas por todos los gobiernos y ciudadanos que le dan valor a sus democracias y sus libertades.
Si no nos falla mucho la memoria es muy importante recordar, que este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratificaron o se adhirieron a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.
Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros.
Sin embargo, el Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D.C.
Por eso, sigo insistiendo que todos los países de América Latina que conforman o no la CIADHH, adquieren obligaciones específicas. Sin embargo, el valor jurídico de aquellas declaraciones no puede ser desechado. La responsabilidad del Estado es una relación jurídica que nace como consecuencia de la violación o el desconocimiento de una obligación internacional. Para que exista responsabilidad internacional, entre otros elementos, se requiere que exista una obligación internacional válida y vinculante para el sujeto internacional de que se trata, antes de que ocurra el hecho o acto que la transgreda. Se puede decir que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre carece de un valor efectivo que obligue a los Estados a cumplirla porque no es un tratado. Sin embargo, esta interpretación es incorrecta. Se trata acerca del valor jurídico de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Luego de analizar el status legal de la Declaración Americana, encontramos que ella es un instrumento contentivo de obligaciones internacionales que, de resultar violadas, generan la responsabilidad internacional del Estado. Esta primera parte discute la naturaleza de la responsabilidad del Estado, desde su concepto y contenido hasta sus elementos. En tal sentido, todos los Estados están obligados a respetar el derecho a la vida, los derechos políticos, el Estado de Derecho y la democracia.
Es de ingenuos no pensar que la CIADDHH no pusiera los ojos en el Perú tras la desbordada crisis por las protestas, la dictadura cívico militar-judicial ha respondido con una sangrienta represión militar y policial. El trágico saldo hasta el momento es de más de 70 muertos y más mil 500 heridos de bala. Se ha conformado un amplio movimiento popular de sorprendente fuerza en las regiones del sur andino y que ahora se moviliza en la ciudad de Lima. El Perú se debate en una profunda crisis institucional y política.
Todos sabemos que la vacancia de Castillo no fue un cambio de gobierno normal y acorde con la ley, como quieren presentarlo los golpistas y su prensa local. El consumado Golpe de Estado a Castillo está más que claro que lo hizo la derecha, que no previó la magnitud de la protesta popular en las regiones andinas más alejadas. Las movilizaciones en defensa del voto popular y contra el golpe conmocionaron el país. Se puso al descubierto el dramático descontento de millones de peruanos, víctimas de las políticas de sobreexplotación y privatización impuestas por el modelo económico neoliberal desde los años 90 y de la segregación racista de origen colonial heredada por la República criolla.
Desde que Castillo ganó las elecciones limpias y transparentes la extrema derecha peruana se negó a reconocerlas. Desde el primer momento la victoria electoral de Castillo, beneficiario del voto de protesta contra el sistema y del voto de las mayorías excluidas. Para la “derecha bruta y achorada” Castillo era un “indio” o un “cholo”, un ignorante por naturaleza e inferior, sin derecho alguno para intentar cambiar el modelo económico o el sistema político. A partir desde ese instante el tripartito de derechas dirigido por la extrema derecha al mando de, Keiko Fujimori, idearon el macabro plan de un Golpe de Estado simulado a la ley. Así se produjo el golpe de la extrema derecha enquistada en el Congreso, muy parecido al que sufrió Bolivia en 2019. El Congreso urdió la trama legal de la vacancia, como parte de una alianza golpista con la Fiscalía de la Nación, el oligopolio mediático de la prensa y la tv mercenarias, el poder económico de las grandes corporaciones extractivistas, las Fuerzas Armadas y la Embajada norteamericana.
La vacancia no fue legal ni se aplicó conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución de 1993, según han explicado muchísimos expertos constitucionalistas. Asimismo, estas irregularidades que son evidentes y que reposan como pruebas documentales. El presidente Castillo no fue informado del último proceso de vacancia, no tuvo derecho al “antejuicio” estipulado por la Constitución ni a la defensa legal; y fue vacado por una resolución sin el mínimo legal de firmas.
Pedro Castillo fue apresado esa misma tarde por efectivos policiales, cuando todavía ejercía legalmente el cargo de Presidente. Igualmente, para que el acuerdo del Congreso entrara en vigencia debía publicarse en el diario oficial, El Peruano, mientras tanto Castillo seguía contando con la inmunidad propia de su cargo. En otras palabras, fue apresado por personal policial, atropellando la legalidad vigente. De hecho, la inmunidad recién le fue retirada una semana después, por un acuerdo específico del Congreso, cuando ya se encontraba en prisión. Estos hechos demuestran que el sistema político creado por la Constitución fujimorista es calamitoso. Los partidos no existen. Las elecciones son manipuladas por el poder económico y las mafias. La corrupción campea a sus anchas en el aparato del Estado. Los jueces trabajan para el narcotráfico. El Congreso se convierte en el refugio de los intereses más retardatarios. Y no solo se trata del sistema político y de partidos, también el propio modelo económico neoliberal no ha hecho más que profundizar las abismales diferencias en la sociedad peruana.
Es una dictadura, porque emerge de un golpe ilegal que viola el ordenamiento legal y constitucional del país. De esto no hay duda. Pedro Castillo fue vacado de manera irregular, violando la Constitución y las normas vigentes. Al nuevo Gobierno, que encabeza la golpista Boluarte, no le da legalidad el hecho de que fuera elegida Vicepresidenta en las elecciones de 2021. Ahora carece de partido político, no tiene bancada parlamentaria ni cuenta con apoyo popular alguno, para todos los efectos depende de aliados como José Williams, quien pretende convertirse en el presidente interino del país.
La inmensa mayoría del pueblo peruano conoce que Dina Boluarte no es más que una traidora que se ha prestado al juego de la extrema derecha para deshacerse de Pedro Castillo. La golpista Dina Boluarte y su premier represor, Alberto Otárola, tienen juicios abiertos en el país y a nivel internacional por los crímenes cometidos; solo se mantienen en el poder por la fuerza. Tan es así que ahora se discute en el Congreso, forzado por las manifestaciones de protesta, el adelanto de las elecciones. No se ponen de acuerdo, porque los grupos de extrema derecha (Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú) en realidad lo que quieren es quedarse hasta 2026.
Es necesario advertir que el más grave peligro para el pueblo peruano es que la dictadura decida imponerse a sangre y fuego, militarizando el país y endureciendo la represión de las protestas, como en los regímenes militares de extrema derecha en el Cono Sur en los años 70. Esta opción profundizaría la violencia interna, con el riesgo de una guerra civil e incluso de un movimiento separatista en el sur andino.
El movimiento popular tiene que mantener sus movilizaciones exigiendo la renuncia de la golpista, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, las elecciones generales en 2023 y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redefinir un nuevo contrato social entre todos los peruanos.
El Perú no puede funcionar más sin la participación protagónica del inmenso movimiento popular que se enfrenta a la dictadura. Esta es la única alternativa válida para abrir el diálogo político y darle una salida constructiva a la actual crisis y por supuesto el encarcelamiento de los responsables del genocidio en el Perú.